Las rentabilidades de la deuda pública a largo plazo alcanzan niveles que no veíamos desde hace décadas. Aunque buena parte de la prensa atribuye esta subida al encarecimiento del petróleo y al cierre del estrecho de Ormuz, esa explicación no resulta suficiente. La curva de futuros del Brent muestra que el mercado espera una normalización del suministro a medio plazo, por lo que el petróleo no explica el aumento persistente de los tipos a largo plazo.
La causa principal está en la política fiscal de los gobiernos. Estados Unidos, Francia y Japón mantienen déficits elevados y una deuda creciente, sin señales claras de corrección. Ante esta situación, los inversores exigen mayores rentabilidades para prestar a los Estados, especialmente porque dudan de que los bancos centrales consigan mantener de forma sostenida sus objetivos de inflación.
En lugar de reducir el déficit, los gobiernos intentan abaratar su financiación interviniendo sobre los tipos de interés. Esta política de represión financiera busca mantener el coste de la deuda por debajo de la inflación para reducir su valor real con el tiempo. Sin embargo, a diferencia de otros periodos históricos, los inversores actuales disponen de alternativas y pueden abandonar los bonos. A ello se suma la menor demanda internacional de deuda estadounidense y una mayor emisión de bonos privados.
Paradójicamente, este entorno de expansión fiscal e inflación favorece inicialmente a las bolsas, porque impulsa los beneficios empresariales y lleva a los inversores hacia activos reales. El riesgo aparece después: si la inflación persiste, los bancos centrales suben tipos y los gobiernos terminan recurriendo a subidas de impuestos y recortes del gasto, frenando la economía.
Por eso, los inversores debemos actuar con cautela, manteniendo nuestras inversiones de largo plazo pero preparados para un cambio de ciclo. Frente a esta tendencia, Argentina aparece como excepción, al mantener el superávit presupuestario, reducir su deuda y aplicar una política fiscal más restrictiva.
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